Miguel Gal'an, entrenador afiliado a la Real Federación Española de Fútbol, junto a los también entrenadores David Gal'an y Mario Otero Iglesias, presentaron este viernes otro escrito en la RFEF para recusar a dos miembros de la Comisión Electoral de la RFEF, J. I. P. y M. L. C. G. 
 
Los entrenadores aducen que los recusados han vulnerado el deber de neutralidad como miembros de la comisión electoral de la RFEF para favorecer a una determinada candidatura. 
 
Los reclamantes aportan informes de la UCO y un artículo de EL PAIS que, a su juicio, acreditan que los citados miembros de la Comisión Electoral han mantenido conversaciones con el ex asesor jurídco principal de la RFEF para favorecer a una candidatura concreta. Se trata de conversaciones intervenidas por la UCO dentro de la operación Brodie. 
 
El País transcribe la la conversación que el 30 de enero mantiene el ex asesor jurídico principal de la RFEF con el presidente de la territorial de Melilla, Diego Martínez. En ella, este le dice que tienen que ver quiénes van a formar parte de la comisión electoral. El jurista señala a los que fueron elegidos en el anterior proceso electoral de 2020, I. P, (exdiputado de Ciudadanos), M. C. (presidenta de la comisión electoral de la Academia de Televisión y amiga suya) y R. R. (secretario del Comité de Justicia Deportiva de Navarra). 
 
Dice el ex asesor jurídico: “Es gente potente que no te va a decir nada, no los van a vincular con nosotros y, sin embargo, joder, la otra vez lo hicieron de cine. Porque aceptaban los borradores que les pasábamos y demás”. “Vale, vale”, le responde el barón melillense”. 
 
Después la conversación deriva en los porcentajes de los distintos estamentos que componen la asamblea que vota en las elecciones a la presidencia federativa. “Estaban todos controlados y al meter ahora a tres del fútbol playa se los quitas a alguno otro que no te interesa”, abunda el ex asesor jurídico. 
 
La conversación describe el control que ejercen los presidentes de las territoriales sobre la elección de los asambleístas, lo que dificulta sobremanera que candidatos ajenos a sus intereses puedan presidir la federación. “C. [el ex asesor jurídico] ostenta una importante posición de poder dentro de la Federación e incluso en instancias superiores, de la que se valdría para influir en la toma de decisiones de la directiva. Esa capacidad de influencia alcanzaría al procedimiento electoral”, concluye la Guardia Civil.