Tras la reunión celebrada esta mañana entre la FIFA y la RFEF se ha descartado por ahora una 'intervención' de la Federación Española por parte de la organización mundial. 
 
Por parte de la RFEF participaron el presidente actual de la Gestora, Rafael del Amo, la jefa del gabinete de presidencia, Elvira Andrés, y el presidente de la territorial gallega, Rafael Louzán. Por la FIFA estuvieron presentes su secretario general, Mattias Grafsröm, y el director de la asesoría legal, Emilio García Silvero. 
 
La FIFA prestará apoyo técnico en el desarrollo de las elecciones, quedando descartado de momento la 'intervención' de la Federación, posibilidad que había negociado con el CSD si no mejoraba la situación tras la intervención de la UCO. 
 
Durante su estancia en Madrid el secretario general de la FIFA también se reunió este jueves en Madrid con el presidente del Consejo Superior de Deportes (CSD), José Manuel Rodríguez Uribes, en un encuentro que dio continuidad a las conversaciones mantenidas en los últimos días y que se prolongarán próximamente. 
 
Desde el CSD se transmitió la predisposición a actuar conjuntamente ante cualquier medida que se pudiera adoptar en aras a lograr la estabilidad federativa y se abordó también de forma importante el diseño del Mundial 2030, que España organizará junto a Portugal y Marruecos. 
 
No obstante, conviene recordar que el CSD ha solicitado al TAD que incoe expediente al presidente de la Gestora, Pedro Rocha, por haberse extralimitado presuntamente en sus funciones durante estos seis meses de gobierno provisional de la federación. 
 
Si el CSD amplía la "petición razonada" de extender la denuncia a toda la gestora y no solo a Pedro Rocha y el TAD abre expediente, la intervención de la federación por parte de la FIFA y/o el CSD ya no sería una mera opción. 
 
Puede darse el caso -probable- de que, al tratarse de una presunta infracción muy grave, la Comisión Directiva del CSD suspenda provisionamente a los miembros de la Gestora, lo cual conduciría a un peocupante vacío de poder que obligaría a ambas instituciones a actuar